Desde mediados del año pasado el ejercito colombiano por medio de ataques y bombardeos a los campamentos de las FARC asesinó al menos a 4 importantes dirigentes entre los que se encontraban el negro Acacio (que controlaba gran parte de las finanzas) y Raúl Reyes (que mantenía las relaciones internacionales de la organización).
Estas bajas son durísimos golpes contra la cúpula de las FARC y se vienen a sumar a las deserciones habituales que sufre la organización subproducto de la política del gobierno de Uribe de darle garantías e incluso recompensa a los que se "desmovilicen" y aporten datos contra las FARC.
En este marco, la deserción de la guerrillera "Karina", luego del asesinato de Reyes y de Iván Ríos, otro miembro del secretariado de las FARC asesinado por su propio jefe de seguridad para cobrar la recompensa de Uribe, son de conjunto, uno de los más duros reveses que ha sufrido la organización en los últimos 40 años. Esto sin contar el desastre que significo la Unión Patriótica a mediados de los años '80, como forma de actuar en los marcos del régimen político burgués y que acabo con el asesinato de miles de miembros y simpatizantes de las FARC.
"Karina", se entrego a la DAS (servicio de inteligencia) luego de que 36 miembros del frente que comandaba se "desmovilizaran" tras la muerte de Iván Ríos, mostrando la profunda descomposición en la que se encuentran las FARC.
Las FARC que venían intentando salir del aislamiento internacional de los últimos años con una política de alentar un canje humanitario de rehenes a la vez que comenzaban a hablar de una integración al régimen político burgués colombiano a mediano plazo, vieron como sus intentos quedaban diezmados tras la ofensiva de Uribe que revirtió este escenario con el asesinato de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano bombardeando su campamento con armamentos y ayuda norteamericana.
Uribe recuperó la iniciativaEl asesinato de Reyes fue, si se quiere, una de las acciones más arriesgadas de Uribe ya que se trataba de dar vuelta a su favor una situación internacional (y en menor medida también nacional) que le era adversa y donde las FARC venían ganando terreno político. Desde mediados de 2007 la presión internacional de Francia, España y Suiza, sumada a la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, presionaban hacia una salida negociada a la crisis de los rehenes que iba a contramano de la política de "seguridad democrática" impulsada por Uribe y que constaba en el establecimiento de una red nacional de "colaboradores" con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, recompensas a quienes desertasen de la guerrilla y una respuesta militar unilateral para rescatar a los rehenes. Junto a esta situación, el gobierno colombiano como principal aliado del imperialismo en la región vio como el desgaste del segundo mandato de Bush se traducía directamente en un cada vez más delgado apoyo a su gestión. Si bien Bush nunca dejo de apoyar a Uribe, el desgaste del segundo mandato del presidente norteamericano que dio lugar a una mayoría demócrata en el parlamento en las últimas elecciones, se reflejó en una política mas "cauta" donde, aunque más no sea de forma propagandística o intentando cohesionar a su base ante las próximas elecciones presidenciales, los demócratas bloquearon la votación del TLC de EEUU con Colombia, a la vez que hicieron algunos cuestionamientos sobre la utilización de los fondos del Plan Colombia. A pesar de que el flujo de ayuda militar se mantuvo y el Plan Colombia sigue funcionando, estos "cambios" en la relación con EEUU no estaban dentro de los planes de Uribe y le fueron totalmente adversos a la hora de mantener y legitimar su política unilateral, dando a su vez un mayor margen a las presiones internacionales para llegar a un acuerdo humanitario.
Uribe intentó por todos los medios hacer fracasar la política de canje humanitario (aunque en el camino hizo algunas concesiones como la liberación de Rodrigo Granda, pedida por Sarkozy el año pasado), provocando permanentemente incidentes diplomáticos con Venezuela para evitar que Chávez gane peso en la política interna de su país y llegando el punto máximo de sus esfuerzos con el fracaso de la "Operación Emmanuel". Sin embargo, a pesar de que las FARC le sirvió en bandeja este "triunfo" parcial por el cual Uribe descartó de plano cualquier posible misión futura con enviados internacionales en suelo colombiano (y menos aún, encabezada por Chávez), la liberación de varios rehenes durante los primeros meses de este año, parecían poner en aprietos al gobierno de Uribe en un momento en que él mismo se veía sumergido en el escándalo de la narco-para-política.
El eco nacional e internacional que venia adquiriendo la posibilidad de un canje humanitario generalizado encabezado por Chávez e incluso la propuesta del presidente Venezolano a la comunidad internacional para que se considere a las FARC como fuerza beligerante, eran absolutamente intolerable para Uribe, EEUU y la derecha colombiana. En este marco Uribe lanza la ofensiva militar contra el campamento de Reyes en Ecuador en un intento de dislocar la relación de fuerzas favorable a las FARC de los meses anteriores.
La ofensiva de Uribe abrió una crisis de magnitud regional que se terminó cerrando a su favor, no por la intervención directa de EEUU, sino por la de los gobiernos cipayos latinoamericanos que en un "show de abrazos", que incluyó a Chávez y Correa junto a Uribe, clausuraron la Cumbre del Grupo Rió sin una condena firme a Colombia. De esta manera al haber cuestionado al ataque colombiano solo como una ofensa contra la soberanía de otro país, los gobiernos latinoamericanos legalizaron el ataque de Uribe y los métodos criminales que utiliza al interior de Colombia, como así también el uso de la doctrina bushista de la guerra preventiva en la región, sin señalar siquiera que cuando el campamento donde se encontraba Reyes fue bombardeado, todos se encontraban durmiendo, es decir que no solo que no estaban atacando sino que ni siquiera se pudieron defender. La criminalidad de este acto y de los métodos con los que Uribe se maneja en su país, no fueron denunciados por ningún presidente, ni siquiera por Chávez, que a pesar de su duro discurso y de haber montado un escenario de guerra en la frontera con Colombia terminó aceptando los términos del acuerdo que permitieron a Uribe ganar un importante round para redoblar su ofensiva derechista al interior de Colombia y alejar las presiones internacionales, al menos durante un tiempo.
Desde la Cumbre del Grupo Río a esta parte, Uribe pudo recuperar la iniciativa y montado sobre las supuestas computadoras que habrían recuperado del campamento de Reyes (y de las cuales hicieron “aparecer” todo tipo de información), se dedico a denunciar las relaciones entre las FARC y los gobiernos de Venezuela y Ecuador. De esta manera logró abrir un relativo compás de espera favorable a su política en el terreno internacional (aunque para mantenerlo necesitará de las fricciones permanentes con Chávez y Correa, lo que puede exacerbar nuevas crisis en la región) mientras que en la política doméstica acaba de dar un giro en relación a la crisis de la parapolítica, extraditando a EEUU a los principales paramilitares “desmovilizados”, que aunque pragmático, puede ayudarle a relajar la situación en el corto plazo.
Poniendo paños fríos al escándalo de la parapolíticaEl régimen político colombiano, esta mostrando un nivel de descomposición como nunca antes se había visto. Las declaraciones de los paramilitares "desmovilizados" que habían sido incentivados por Uribe con una ley que prácticamente era una amnistía generalizada (ponía un techo de 8 años en las condenas), empezó a poner en aprietos a la clase política y a prácticamente todos los partidos e instituciones burguesas que de una u otra manera mantienen lazos con paramilitares y narcos dando lugar a una combinación, articulación y colaboración permanente con el estado burgués.
Por los escándalos de la parapolítica, son 64 los políticos investigados, de los cuales 51 son actualmente congresistas y 32 de ellos ya están en la cárcel. La mayoría pertenecen a la bancada de Uribe y en total representan un 20% del parlamento, lo que abrió una crisis de magnitud histórica reflejando la descomposición de las instituciones con el avance de una capa abiertamente mafiosa al mando del poder del estado. La revista Semana lo ejemplifica de la siguiente manera "En los '80, Pablo Escobar y sus secuaces llegaron al Congreso. Pero los tentáculos del narcotráfico no sumarían el 5 por ciento de los parlamentarios. En los 90, cuando el cartel de Cali decidió sobornar sutilmente a los políticos, el proceso 8.000 llevó a 26 congresistas a la cárcel (10 por ciento). Hoy, la alianza entre mafia y paramilitarismo lleva 51 congresistas investigados (19 por ciento)." (
Semana, 4/5/08)
La crisis se agudizó en las últimas semanas cuando se dieron a conocer los nexos directos de familiares de Uribe (el primo y el hermano) con los paramilitares y con una de las masacres contra campesinos perpetrada en 1997. A este escándalo se sumaron las declaraciones de la ex senadora Yidis Medina que contó cómo a ella y a otros congresistas los compraron para que votaran a favor de la reelección de Álvaro Uribe antes de las últimas elecciones presidenciales. Esto demuestra no solo que los actuales congresistas, implicados en el escándalo de la parapolítica, están absolutamente desacreditados, sino que el propio Uribe consiguió la reforma que permitió su reelección de manera completamente fraudulenta.
Ante este escenario devastador, empezaron a resonar cada vez con más eco algunas variantes de reforma política impulsadas por distintos sectores políticos y sociales. Aprovechando la mejor relación de fuerzas en el plano internacional y los "logros" tácticos que viene teniendo sobre las FARC, como así también el hasta ahora escenario económico favorable que de conjunto permiten que se mantenga con una popularidad record, Uribe dio un giro en su política interna y extraditó a EE.UU. a 14 de los principales jefes paramilitares en un intento de acallar sus declaraciones que cada vez comprometen más al poder político del país.
Junto con esta medida, Uribe anunció la convocatoria de una “comisión de notables constitucionalistas” para impulsar una reforma del sistema político e intentar llegar a un consenso que le permita recuperar algo de oxigeno.
Es que como editorializa la revista Cambio, Uribe “estaba acorralado y a la defensiva por las vinculaciones de personas cercanas al escándalo de la parapolítica, por las revelaciones sobre la manera como se aprobó la reelección hace cuatros años y por la creciente pugna con la Corte Suprema de Justicia. El convulsionado ambiente ya empezaba a preocupar a sus propios seguidores. El editorial de El Colombiano del martes, por ejemplo, le solicitó al Jefe del Estado desistir de una nueva reelección y preguntó: ‘Si ya está lesionada la gobernabilidad por tantos corruptos y buen número de malquerientes, ¿cómo sería el panorama si se iniciara un tercer mandato?’.” (
Cambio, 15/5/08)
Si bien con este giro el gobierno colombiano, que incluso vuelve a hablar de reelección, logra una cuota de oxigeno al menos inmediato, todavía está por verse si sus medidas serán efectivas. Por un lado la extradición de los jefes paramilitares provocó descontento entre los familiares de las victimas de estos grupos, que ven como las ilusiones de conocer la verdad sobre las matanzas que perpetraron se esfuman ya que en EE.UU. serán juzgados por narcotráfico y no por los crímenes cometidos en Colombia. Por otro lado es posible que los grupos paramilitares tanto activos como desmovilizados lo vean como una traición de sus promesas y utilicen su influencia militar, económica y política complicando los planes a Uribe.
Los próximos meses serán cruciales para saber si el proyecto derechista de Uribe puede imponerse con sus rasgos más bonapartizantes, apoyado en las Fuerzas Armadas, en las capas medias que se beneficiaron de la buena coyuntura económica en los últimos años y su alta popularidad, o si las contradicciones que viene acumulando el régimen y el estado colombiano, sumado a los efectos de la crisis económica internacional que ya comenzó a desacelerar el consumo interno (
Poder 360 17/5/08), empiezan a erosionar su figura.
El reformismo armado de las FARCLa crisis que atraviesan las FARC se explican no solo por los “triunfos tácticos” en el terreno militar del gobierno de Uribe con la ayuda de EEUU, como el asesinato de Reyes, sino por el fracaso de su propia estrategia. La política de seguridad democrática que logró en parte la desmovilización o deserción de una cantidad importante de guerrilleros que las FARC había reclutado en el último período (ver “
Algunas consideraciones...”), no alcanza para explicar la deserción de cuadros dirigentes de esta organización como la de Nelly Avila Moreno, alias "Karina" o el asesinato de Iván Ríos a manos de su propio jefe de seguridad. Las declaraciones de “Karina” tras entregarse, de que las FARC “ya están diezmadas”, más allá de la utilización propagandística que el gobierno hace de ellas, no pueden dejar de ocultar la debacle estratégica de esta organización.
Es que la estrategia guerrillera, de “guerra popular prolongada” en un país semicolonial con un 75% de su población urbana como Colombia, con una amplia clase obrera, termina dando como resultado una política completamente impotente, como lo demuestra el derrotero que vienen siguiendo las FARC, y que en los últimos años se expreso en la perdida de presencia territorial y de movilidad. Por este motivo, vienen limitando su estrategia cada vez más a presionar para lograr algunas reformas políticas a la vez que allanan el camino para integrarse al régimen burgués colombiano. Muestra de esto son las declaraciones que había hecho el año pasado Raúl Reyes, al afirmar que las FARC podrían formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) como por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (
Clarín, 27/8/07).
En este sentido la cúpula de las FARC venía acelerando el proceso de “dialogo”, sumándose a la campaña internacional por un canje humanitario de la mano de Chávez, que junto a Piedad Córdoba se presentaban como un interlocutor valido para allanar el camino hacia una integración al régimen político colombiano. No en vano días antes del bombardeo sobre el campamento de Reyes, Chávez acababa de lanzar una propuesta para formar una remake del grupo de "contadora" cuyo fin último, además de avanzar en el canje humanitario, era el de preparar el camino y darle una legitimidad internacional al proceso de incorporación (parcial o total) de las FARC al régimen, de la misma manera que el grupo de Contadora desarmó a las guerrillas centroamericanas en los años ’80 abortando los procesos en curso y reciclando como “partidos legales” burgueses a estas organizaciones. Una muestra de hacia donde lleva esta estrategia reformista es la del ex guerrillero y actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la transformación abiertamente burguesa de los dirigentes sandinistas.
Esta política impulsada por Chávez quedó en parte dislocada por la ofensiva de Uribe que busca en última instancia debilitar en extremo a la guerrilla en caso de que finalmente deba sentarse a negociar las condiciones de la incorporación de las FARC al régimen colombiano. Aunque como señala la senadora oficialista Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa del gobierno de Uribe “Al final siempre tiene que haber negociación y diálogo, pero la guerrilla tiene que llegar debilitada para que el gobierno tenga capacidad negociadora”. (
Poder 360 6/5/08); un proceso de este tipo encontraría una importante resistencia de sectores claves del aparato estatal, narcos, paramilitares y de las propias FFAA en las que se apoya Uribe (que administran una importante tajada del PBI como parte del presupuesto de defensa) y cuya subsistencia depende en última instancia de un estado de guerra permanente. (ver “
Algunas consideraciones...”)
